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Colombia. ¿Hasta cuándo seguirá el masacre?



Querido Andrés, tienes 17 años. Tu pueblo se llama Emberá Chamí. Perteneces a esta comunidad indígena, por lo que las instituciones públicas de tu país te han negado el derecho a continuar tus estudios, a pesar de tu inteligencia. Así que, para mantener a tu familia, empezaste a trabajar como jornalero en los campos. El 22 de mayo del año pasado, te levantaste muy temprano y saliste de tu casa a las 5 de la mañana para recoger tu sueldo en la finca que te acababa de contratar. Nunca volviste a casa, nunca volverás a ver a tus padres, a tus amigos, a tu comunidad.

Alrededor de las 6 de la mañana, en lugar de recibir tu sueldo, te dispararon. El "guardia" que te disparó como a un conejo, un hombre llamado Juan Víctor Salinas, llamó entonces a la policía. Te hizo parecer un ladrón de frutas: si te mató, fue en defensa propia. Eso es lo que explicó cuando llamó a la comisaría. Y conoce bien a la policía. Así que la policía le aconsejó que hiciera desaparecer tu cuerpo. En tu país, los asesinos suelen ganar sus casos. Así que tu asesino te decapitó, metió tu cuerpo en una bolsa y lo tiró al Río Cauca. Eras "un niño que empezaba a conocer el mundo", dice tu madre, Socorro Tamaniza.

Tu cuerpo fue encontrado 7 días después por miembros de tu comunidad. La policía no hizo nada para ayudar en la búsqueda, y por una buena razón. Es de esperar que su crimen no quede impune. El Fiscal de Caldas, actuando en nombre de la comunidad Emberá Chamí, ha acusado a tu asesino y al comandante de la policía de Belalcázar, que le ordenó hacer desaparecer tu cuerpo. Pero sus superiores, el coronel Eiver Fernando Alonso Moreno y el coronel Alonso Moreno, no serán responsables.

Es cierto que te estabas convirtiendo en una molestia. Además de querer reclamar tu sueldo, habías participado en el vasto movimiento de protesta social en el departamento de Caldas, que en tu país, dirigido por una banda de narcotraficantes, estaba haciendo reivindicaciones incalificables: justicia social, derecho a la educación y a la salud. No querías robar los frutos de esta revuelta, sino poder saborearlos, por derecho. Era demasiado pedir a los asesinos que pusieron fin a tus jóvenes días.

Tu nombre es Andrés Córdoba Tamaniza.

(Fuente: https://www.contagioradio.com/andres-cordoba-era-un-nino-que-apenas-estaba-conociendo-el-mundo/)


Querido Yeison Andrés Sarmiento Salcedo, tenías 21 años, y te pareces a mi hijo, francés. A una edad muy temprana, fuiste reclutado por las FARC. Todavía eras un niño. Pero en 2016, a la edad de 16 años, firmó los acuerdos de paz. El 26 de julio de este año, fues asesinado donde vivía, en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare.

El mismo día, Oswaldo Pérez, presidente de una junta comunatoria, también firmante de los acuerdos de paz, fue asesinado en el departamento de Bolívar. Y el día anterior, otro líder social fue asesinado a balazos en el norte de Santander.


Desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 280 ex militantes de las FARC que se han reintegrado a la vida civil, según cifras de la ONG INDEPAZ, y más de 900 defensores de los derechos humanos, el medio ambiente o las comunidades indígenas.


El nombre de Jani Silva hubiera podido ser añadido a esta lista. Esta mujer comprometida es especialmente activa en la zona de la reserva campesina del Putumayo y en ADISPA (Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica). Desde enero de 2020, ha sido objeto de varias amenazas directas e intimidaciones. Todos estos ataques proceden del mismo grupo paramilitar, Comandos de Frontera (antes conocido como "La Mafia"), que al parecer está dirigido por Héctor Orlando Bastidas, uno de los principales narcotraficantes de la región del Putumayo.

Estos Comandos de Frontera están claramente dirigidos a la existencia misma de ADISPA, que trabaja para proteger los derechos de cientos de campesinos en la región del Putumayo, en el suroeste de Colombia. No es sólo el tráfico de drogas lo que perturba a esta organización. El pasado mes de diciembre, la Comisión de Justicia y Paz reveló la implicación de una empresa petrolera, Amerisur Exploración Colombia Limitada, filial de GeoPark, empresa de exploración y producción de petróleo y gas de capital mayoritariamente norteamericano que opera en América Latina. La empresa negó haber utilizado a los paramilitares de los Comandos de Frontera.

En agosto de 2018, representantes del resguardo indígena Siona Buenavista emitieron una alerta y escribieron, en vano, al presidente Iván Duque para expresar su oposición a un proyecto de perforación para la extracción de hidrocarburos por parte de esta empresa Amerisur Exploración Colombia, alegando violaciones a los derechos ambientales (en un territorio esencial para la preservación de la biodiversidad) y de las comunidades indígenas (Leer AQUÍ).

Lo que sí es cierto, por otra parte, como también señaló la Comisión de Justicia y Paz, es que el gobierno de Iván Duque no tiene prisa por combatir el terror que ejerce este grupo paramilitar, que ya ha asesinado a varios líderes sociales. En febrero de este año, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior colombiano, Daniel Palacios, para alertarle de nuevo sobre la seguridad de Jani Silva y otros miembros de ADISPA: "El 10 de febrero de 2021, una organización de la sociedad civil recibió información verificada sobre un proyecto para matar o desplazar a miembros de la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA). El proyecto supuso el despliegue de un grupo armado llamado Comandos de la Frontera, que amenaza a las comunidades de la zona para obligarlas a subordinar sus actividades a la voluntad del grupo armado o a abandonar la zona si se niegan. Pedimos a las autoridades que concedan medidas de protección colectiva a ADISPA, en consulta con sus miembros". (Lea AQUÍ)

Como siempre, el gobierno colombiano no hizo nada, dejando el camino libre a los paramilitares. Harta de la situación, y ante nuevas amenazas, Jani Silva decidió abandonar el territorio del Putumayo para proteger su vida y la de su familia. Es fácil imaginar el sonido del champán descorchado (botellas entregadas por la Embajada de Francia en Bogotá, como parte del apoyo de Francia al proceso de paz ?...), que los paramilitares y las compañías petroleras debían compartir...


> Sobre la acción de Jani Silva, leer en inglés: Colombia: Jani guarda las aguas de los peligros del petróleo (artículo Diana Salinas)


La minería en la región de Antoquia


En las regiones de Antioquia y Choco, encontramos más o menos los mismos ingredientes, salvo que en lugar de los hidrocarburos, es la explotación de las minas de cobre y de oro la que está a la cabeza. En un comunicado fechado el 27 de julio, en el que se anunciaba la creación de una red de Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia (SIZOCC), una veintena de comunidades religiosas y obispos denunciaron graves atentados contra las comunidades negras e indígenas y sus territorios. Estas comunidades religiosas denuncian que persiste el reclutamiento forzoso, los asesinatos y las amenazas contra los líderes sociales y las situaciones de desplazamiento forzado por los daños causados por la minería del cobre y del oro, las víctimas de las minas antipersona y los confinamientos a los que son sometidas las diferentes comunidades por parte de tres actores: las empresas mineras, los paramilitares y el ELN (guerrilla disidente de las FARC).

Las organizaciones firmantes del comunicado subrayan que las fuerzas de seguridad no están haciendo su trabajo de lucha y desmantelamiento del paramilitarismo. Varias denuncias similares ya habían sido presentadas por organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz y la Organización Indígena de Antioquia. Una vez más, el gobierno de Iván Duque ha dejado pasar las cosas, presumiblemente para dar vía libre a las operaciones mineras (el 80% de las cuales son ilegales en Colombia).

Finalmente, estas organizaciones solicitan al Fiscal General de la Nación que rompa su silencio ante el accionar de los grupos armados y la posible responsabilidad de la fuerza pública en la situación que sufren las comunidades por acción, omisión y aquiescencia. ¡Qué arrogancia! Francamente, es demasiado pedir...


En una declaración pública, en la que también se anunció la creación de la red Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia (SIZOCC), las comunidades religiosas, los obispos y las organizaciones confesionales reiteraron sus denuncias sobre los graves ataques a los territorios indígenas y negros y a sus habitantes, que sufren en medio de la guerra y los daños ambientales causados por la minería.

(Fuente: https://www.contagioradio.com/religiosos-violaciones-ddhh-antioquia-choco/)




Fotografía cortesía del taita Manuel Mabisoy.


La última etapa de este corto viaje colombiano nos lleva de vuelta al Putumayo, en el noroeste del país, al Valle de Sibundoy. No es que la situación de los lideres sociales aquí sea mejor que en otros lugares, pero aquí será una cuestión de inundaciones. Desde el 12 de julio, tras las fuertes lluvias en el Putumayo, al menos siete ríos se han desbordado. Las comunidades indígenas Kamentsá e Inga de Colón, Kamentsá Biya; y los pueblos Nasa, Kofan y Awa del Valle del Guamuez han sido los más afectados por las inundaciones.

Este "desastre" no es del todo natural. De hecho, desde abril, los líderes de las comunidades indígenas han pedido un drenaje preventivo. Hasta hace poco, el drenaje lo realizaba el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) junto con las comunidades afectadas. El gobierno de Iván Duque decidió acabar con este instituto y transferir sus competencias a una "agencia nacional del suelo", que no encontró nada mejor que hacer y dejar abandonadas las instalaciones del Valle de Sibundoy. En consecuencia, las comunidades indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia: ganado, cultivos, jardines medicinales (las chagras).

Es otra forma de muerte, un poco a la vez, que el "gobierno de asesinos" (Leer AQUÍ) que gobierna Colombia está llevando a cabo, con el apoyo político y militar de la Francia de Emmanuel Macron. En junio de 2019, éste recibió a su homólogo Iván Duque en el Elíseo. En el comunicado de prensa emitido al término de este encuentro, la Presidencia francesa afirma: "Los dos Presidentes se han comprometido a seguir promoviendo el multilateralismo y las normas colectivas para defender los bienes públicos mundiales, y en particular para proteger el medio ambiente y la biodiversidad. El Presidente de la República recordó el compromiso de Francia con el pleno éxito del proceso de paz, que implica la aplicación de las medidas previstas en el Acuerdo de Paz en su conjunto, y en particular la reforma rural, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y el sistema de justicia y reparación. Alabó el aumento de los esfuerzos del Presidente Duque en la lucha contra el narcotráfico y la excelente cooperación franco-colombiana en este ámbito. El Presidente de la República subrayó que Francia apoya financieramente la aplicación del Acuerdo de Paz, tanto de forma bilateral como a través de la ayuda europea. Este año, Francia financiará varios proyectos de ONG que trabajan por la paz en Colombia, en ámbitos como la reinserción de antiguos guerrilleros, el apoyo a las mujeres víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado. (...) En el plano bilateral, Francia mantiene una relación cada vez más estrecha con Colombia, basada en una larga amistad y una cooperación dinámica y prometedora. Los dos Presidentes reafirmaron su voluntad de reforzar los lazos económicos y comerciales en todos los sectores, incluyendo las energías renovables, la movilidad urbana, la innovación y la seguridad.


Con qué elegancia puede expresarse la crapulería!

- La lucha contra el narcotráfico, "la excelente cooperación franco-colombiana en este ámbito" y la "sustitución voluntaria de cultivos ilícitos"... Bajo el gobierno de Duque, el comercio de cocaína aumentó casi un 10% el año pasado, al igual que la superficie cultivada. La mayoría de los cocaleros que se dedicaron a los "cultivos alternativos" no recibieron ninguna de las ayudas prometidas.


- ¿La reinserción de los antiguos guerrilleros? Vemos que muchos de ellos sí se reintegran... ¡en el cementerio!


- "El compromiso de Francia con el pleno éxito del proceso de paz, que implica la aplicación de las medidas previstas en el Acuerdo de Paz en su conjunto. El presidente Iván Duque, que siempre ha sido hostil al Acuerdo de Paz (que podría perjudicar a las multinacionales presentes en Colombia) y lo ha torpedeado constantemente.


- "Francia financiará varios proyectos de ONG que trabajan por la paz en Colombia". ¿Dónde está esto? He buscado y no encuentro nada. De nuevo, como la venta de armas a Colombia (que es más que probable que se utilizara, violando los tratados internacionales, para reprimir el movimiento social: el gobierno colombiano no está en guerra con nadie más que con su propio pueblo), es "defensa secreta"...


¡Ayúdenme! ¿No hay ningún diputado, senador o comisión parlamentaria para pedir cuentas al Presidente frances ?


Jean-Marc Adolphe, 30 de julio, 2021


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