Foto Andrés Cardona.
El presidente colombiano, Iván Duque, sostiene que organizaciones criminales y terroristas están organizando las protestas sociales y los disturbios que sacuden a Colombia desde hace un mes. La verdad es que en Colombia sólo hay una organización criminal y terrorista, y es el propio gobierno de Iván Duque, apoyado por una policía asesina, a las órdenes del verdadero jefe, el mafioso Álvaro Uribe. Con el 42,5% de la población colombiana viviendo muy por debajo del umbral de la pobreza, ahora sabemos a qué se destinan los 9.200 millones de dólares de gasto militar del gobierno colombiano en 2020.
Con casi un 80% de opiniones desfavorables, Iván Duque sabe que tiene los días contados. De manera más general, la revuelta de la juventud colombiana señala el fin del uribismo, que ha mantenido a Colombia bajo el reino del terror durante décadas. El uribismo-fascismo es ahora como una manzana podrida lista para caer del árbol, pero el presidente Porky-Duque y su mentor Narco-Uribe no se irán asi y dejarán un baño de sangre detrás de ellos.
El sábado 29 de mayo de 2021, la ciudad de Cali fue completamente militarizada con el apoyo de grupos paramilitares, y se confirmó que un centenar de jóvenes "desaparecidos", detenidos arbitrariamente, fueron torturados y luego ejecutados fríamente antes de que sus cuerpos fueran arrojados a fosas comunes.
Esto se llama un crimen contra la humanidad. ¿Qué hace la comunidad internacional? No mucho.
Un mes. Ya hace un mes que Colombia comenzó su revuelta. Paro Nacional. Como dice un eslogan, "detenerse para avanzar". No poder más, y luego querer. Querer que las cosas cambien, que cambien de verdad, de arriba a abajo. En todo el país, el mismo clamor, el mismo ardor. ¿Qué quiere el pueblo colombiano que sea tan extraordinario? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad.
La multitud que marchó, protestó y se reunió fue inmensa. En la memoria de cualquier colombiano, nunca ha habido una magnitud tan revolucionaria. Como escribe el sitio web Colombia Reports, "las manifestaciones antigubernamentales en Colombia han alcanzado proporciones históricas. »
VIDEO Anuncio de la marcha organizada en Rotterdam (Países Bajos), el 28 de mayo de 2021: "plantar una semilla de esperanza tricolor" / "planting a seed of tricolor hope".
Cali, sucursal del cielo, capital de la protesta
Cali, capital de la salsa, sucursal del cielo, se ha convertido en la capital de la protesta. Los jóvenes en "primera línea". Del otro lado: una represión criminal, feroz y sin precedentes. La policía, especialmente el ESMAD (EscuadrónMóvilAntidisturbios), que teóricamente debe proteger a la población, también está "en primera línea" para asesinarla.
¿Por qué Cali? Como escribe excelentemente Alejandro Martín en el sitio webpazport.press (una plataforma de información y análisis sobre el proceso de construcción de la democracia y la paz en Colombia), "Cali es una ciudad extremadamente desigual y violenta. Una ciudad dividida. Su cultura y su vida cotidiana están marcadas por dos extremos: por un lado, una pequeña clase alta encerrada en su propio mundo y, por otro, una gran parte de la población en gran pobreza que lleva décadas acogiendo migraciones; y en medio, una enorme clase media empobrecida en gran medida por décadas de crisis económica. (...) Durante casi dos décadas, Cali ha sido una de las cinco ciudades más asesinadas del mundo. Los que ahora han arrasado los establecimientos públicos y privados son muy probablemente los mismos delincuentes que nos aterrorizan el resto del año. Y el narcotráfico, tanto el grande como el pequeño, vuelve a apoderarse de la ciudad y de la región. Al mismo tiempo, es importante mostrar que Cali es una ciudad muy compleja, con una gran riqueza cultural e intelectual. Las universidades han creado espacios muy importantes de encuentro y desarrollo para todos los ciudadanos, que han hecho posible una masa crítica y un corpus teórico que da densidad a muchos jóvenes que militan por el cambio. (...) Cali es una ciudad con un evidente racismo estructural, una ciudad heredera de una sociedad esclavista que nunca ha logrado romper con esta relación desigual para ofrecer condiciones equitativas y dignas a las poblaciones racializadas y marginadas. Cali es también la capital de una región incapaz de distribuir equitativamente entre sus habitantes los beneficios del poderoso puerto marítimo de Buenaventura y las ganancias generadas en el Valle del Cauca. »
Personas sin hogar en Cali, 20 de marzo de 2020 (AFP / Luis Robayo)
O Luis Robayo, fotógrafo de la AFP en Cali: "La reforma tributaria que desencadenó el incendio del 28 de abril ha sido retirada. Pero algunos exigen ahora la salida fulminante de los dirigentes, a los que acusan de despreciar a la clase media... todo ello mientras la pandemia ha generado una grave crisis económica. En Cali, la crisis es palpable: más de un tercio de sus 2,2 millones de habitantes están afectados por la pobreza. Muchas personas, sin trabajo, sobreviven como pueden. Los bancos se esfuerzan poco, probablemente por la falta de presión del gobierno, y los embargos de bienes van en aumento. (...) Con la pobreza viene la delincuencia, que ha aumentado enormemente. Puedes estar sentado en un restaurante y ver cómo entran hombres armados y roban todos los teléfonos, joyas y dinero de los clientes en un abrir y cerrar de ojos. Dudas en sentarte en la terraza, por miedo a los ladrones de motos que te arrebatan todo lo que pueden en pocos segundos. (...) El movimiento social en Cali, como en el resto del país, reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas que exigen más equidad. Hay jóvenes, ancianos, mujeres. Me recuerda a otras manifestaciones que cubrí en Caracas, Venezuela, hace unos años: las calles están bloqueadas por barricadas, la gasolina se acaba... Parece un campo de batalla. (...) Cali, la noche más dura fue el 3 de mayo. Podía oír el ruido incesante de los helicópteros que sobrevolaban la ciudad, las explosiones, los disparos, las sirenas de las ambulancias. A las 2 o 3 de la mañana, el ruido seguía siendo fuerte. Todo empezó en la barriada de Siloé, a unas diez manzanas de mi casa. Es una zona conocida por su peligrosidad debido a la presencia de bandas. Los soldados y la policía se desplegaron allí. Hubo disparos, hubo heridos en la policía, hubo muertos entre los manifestantes. Fotografié a sus familiares, estos jóvenes eran buenas personas, que se manifestaban contra la desigualdad. Tenían un trabajo, una familia, es muy triste. (...) Y sí, Cali es el epicentro de tantas cosas. Es la capital del suroeste colombiano. Es un punto de paso entre los campos donde se cultiva la coca y el puerto de Buenaventura desde donde la droga, una vez empaquetada, se exporta a Estados Unidos y Centroamérica. La situación se ha deteriorado en esta región del Cauca, hasta el punto de que se ha vuelto muy peligroso volver a viajar allí. »
Gladys Betancourth, de 51 años, con la foto de su hijo Oscar Obando,
24 años asesinados en un ataque armado durante una fiesta el 16 de agosto de 2020.
Lucila Huila, de 53 años, posa con una foto de su hijo Esneider Collazos, de 23 años, asesinado el 28 de agosto de 2020
(AFP / Luis Robayo)
La historia de Luis Robayo puede leerse completa AQUÍ.
Una economía vacilante
Después de un mes de Paro nacional, la economía colombiana está siendo golpeada con fuerza, pero ya estaba en mal estado. Según Reuters, "el déficit presupuestario de Colombia se amplió el año pasado tras un fuerte aumento de sus niveles de deuda hasta el 64,8 por ciento del producto interior bruto. (...) Las restricciones a largo plazo impuestas en 2020 han provocado el cierre de empresas, haciendo que el desempleo se dispare y una contracción económica sin precedentes del 6,8%. Y según los analistas, es muy probable que Colombia también pierda su calificación de grado de inversión con las agencias de calificación Fitch y Moody's. »
Por otra parte, la compañía petrolera nacional colombiana Ecopetrol SA acaba de anunciar "dificultades operativas" debido a las manifestaciones que sacuden el país desde hace casi un mes. La producción de petróleo se ha visto afectada en los departamentos de Putumayo, Meta, Arauca y Boyacá: la producción total ha bajado a 651.000 bpe/d, frente a una media de 675.000 bpe/d en el primer trimestre. El petróleo representa entre el 2 y el 4% de la economía colombiana. Las exportaciones de petróleo tuvieron un valor de 9.000 millones de dólares en 2020, según el regulador de hidrocarburos Asociación Nacional de Hidrocarburos. Y el anuncio de Ecopetrol SA se produce tras los anuncios similares de varios productores internacionales, como GeoPark Ltd, Parex Resources Inc. y Gran Tierra Inc. (Lea AQUÍ y AQUÍ)
Rechazada la moción de censura contra el ministro de Defensa
Sin embargo, Iván Duque, el presidente colombiano de extrema derecha, no parece tener ninguna prisa por encontrar una solución al movimiento de huelga y protesta. Al contrario, echa leña al fuego, multiplicando las provocaciones y la violencia policial, hasta el punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar firmemente al gobierno colombiano (leer AQUÍ).
Diego Molano, Ministro de Defensa. Foto DR.
El jueves 27 de mayo, el Congreso colombiano rechazó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, responsable de la brutal represión de las protestas antigubernamentales de las últimas semanas. La mayoría de los senadores de la coalición que apoya a Duque votaron en contra de la moción presentada por la oposición en relación con las violaciones masivas de los derechos humanos de las últimas semanas. El ministro de Defensa, Diego Molano, se congratuló de la votación, afirmando que el Senado había "expresado su apoyo a los soldados y policías", cuyas instituciones están acusadas de matar a decenas de personas y desaparecer a cientos de manifestantes... (Leer AQUÍ, en la excelente web de Colombia Reports)
Miembros del ESMAD persiguen a los manifestantes en Bogotá. Foto EFE.
Derechos humanos (y de las mujeres) violados y despreciados
Cuando Heiner Goebbels, el propagandista del nazismo, escuchaba la palabra "cultura", salia su pistola. Cuando Iván Duque escucha las palabras "derechos humanos", lanza su Veneno, una formidable arma utilizada por primera vez contra un movimiento social. (Lea AQUÍ).
¿Por qué debería importarle? Al tiempo que pedía una investigación sobre las denuncias de violencia por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, Estados Unidos expresó su apoyo al gobierno de Duque el jueves 27 de mayo, a través de Juan González, el principal asesor del presidente estadounidense Joe Biden para América Latina, tras reunirse en Washington con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez: "El mensaje que dejamos es un claro apoyo a Colombia y al pueblo colombiano", dijo a los periodistas (Leer AQUÍ).
Imperturbablemente, Duque sigue afirmando a todo el que quiera escucharle, sin el menor principio de prueba, que "organizaciones criminales están financiando el movimiento de protesta social con grandes sumas de dinero" y que esas mismas organizaciones criminales "aprovechan las manifestaciones de huelga para atacar al sistema judicial", según informa lamuy derechistarevistaSemana (Leer AQUÍ).
Lo que queda del palacio de justicia de Tuluá, se quemó el martes por la noche.
Foto EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
El mismo estribillo se aplica a la quema del palacio de justicia de Tuluá (video AQUÍ), en el Valle del Cauca, en la noche del 25 de mayo, en medio de las manifestaciones organizadas en el marco del paro nacional. Curiosamente, los bomberos municipales, presentes en el lugar, no intervinieron. El 27 de mayo, en una conversación organizada por el Diálogo Interamericano y el Wilson Center, dos centros de estudios políticos con sede en Washington, Iván Duque dijo sobre el incendio: "Tenemos pruebas de que los grupos terroristas han dado dinero a la gente para que cometa estos actos de vandalismo. Ese mismo día, el 27 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que se ofrecerían 200 millones de pesos a quienes aporten información que permita la captura de los responsables del incendio del Palacio de Justicia. (Lea AQUÍ)
Hay que recordar que Duque lanzó una propuesta similar para encontrar a los autores del asesinato del joven Lucas Villa el pasado 5 de mayo. Todavía no han sido identificados, aunque la matrícula del vehículo en el que viajaban fue fotografiada por un manifestante.
¿Y encontrar a los responsables de la muerte del joven Camilo Andrés Arango García, estudiante de derecho asesinado a tiros durante la misma manifestación en Tuluá?
Desde el inicio del levantamiento popular en Colombia, las manifestaciones pacíficas han sido duramente reprimidas. En un video del 12 de mayo, un residente de Cali lo dijo mejor: "La gente no confía en el gobierno.
Severamente criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (leer AQUÍ), Iván Duque asegura que no tiene "nada que ocultar": "No tenemos nada que ocultar" (leer AQUÍ).
Sin rehuir ninguna trampa, Duque volvió a afirmar en la conferencia virtual organizada por el Wilson Center y el Diálogo Interamericano: "hay que investigar lo que pasó con los civiles, pero también lo que pasó con los oficiales que defendieron la Constitución colombiana y que defendieron la institución". Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han dejado claro que más de 50 personas murieron durante las protestas y que al menos una docena de los responsables son policías. (véase, por ejemplo, el vídeo grabado en Medellín el 19 de mayo)
Como informa France 24, sólo la jornada del 27 de mayo estuvo marcada por nuevos actos de violencia, especialmente en Bogotá. Durante la noche del miércoles al jueves, los manifestantes volvieron a enfrentarse con la policía en varios puntos de la ciudad: sólo esta noche, 25 civiles y cuatro policías resultaron heridos en el sur de Bogotá, según las autoridades civiles. Un joven manifestante de 29 años, "Johnatan Guarnizo resultó herido por una granada de gas lacrimógeno disparada a la cabeza" por un policía antidisturbios, dijo en Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En todo el país, según la Cruz Roja, 139 personas resultaron heridas durante las protestas del miércoles, entre ellas cinco policías. La mayoría sufrió "daños oculares y respiratorios".
En Cali, incluso el arzobispo Monsalve condenó la violencia policial contra el pueblo en Colombia el 27 de mayo. "Sacerdotes católicos y pastores cristianos, que acompañan al pueblo en los puntos de resistencia, son testigos del brutal escenario de ataques armados perpetrados por patrullas policiales, dejando heridos a su paso", denunció en Twitter. En el mismo tuit, cuestionó: "¿Quién está pervirtiendo a la policía en verdugos del pueblo? ", instando a los agentes de policía a "desobedecer las órdenes de herir, asesinar y torturar". Objeción de conciencia. Denuncia a los que dan (las órdenes). No provoques más odio. Cuida de la vida de los demás y de la gente y Dios cuidará de la tuya. " (Lea AQUÍ)
Tres ONG confirman casos de ejecuciones extrajudiciales y la existencia de fosas comunes en las afueras de Cali, donde supuestamente se arrojaron los cuerpos de unos 100 jóvenes.
Pero los caminos de Duque -y de su mentor Álvaro Uribe- son mucho más impenetrables que los de Dios! El 27 de mayo, la excelente web pazport.press publicó un terrorífico informe (en español, AQUÍ) del Equipo Jurídico Humanitario N 21, la asociación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. He aquí lo esencial del informe, que trata de algunos de los hechos más graves que las Humanidades han empezado a revelar aquí en exclusiva:
"Desde el 13 de mayo de 2021, nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente macabros que conmocionan la conciencia de la humanidad y reflejan la gravedad de las consecuencias de la mentalidad y las órdenes emitidas desde el más alto nivel del Estado definiendo como "vándalos terroristas" a los jóvenes manifestantes que son víctimas y objetivos directos de planes criminales.
Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en las zonas rurales de los municipios de Buga y Yumbo a donde fueron llevados los cuerpos de muchos jóvenes caleños. Unos días después, una nueva fuente compartió información más precisa, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM (Centro Administrativo Municipal) fue utilizado como centro de detención y tortura. Algunos de los jóvenes fueron llevados a sótanos, y unas horas más tarde se los llevaron en furgonetas con los cristales tintados. Dos fuentes posteriores informaron del movimiento de camiones que aparentemente formaban parte de los medios de movilidad de la policía. En algunas de estas camionetas, los jóvenes habrían sido llevados en la noche a la zona conocida como Mulaló, un barrio de Yumbo, a 30 minutos de Cali. Allí, en un lugar previamente preparado, habrían descargado los cuerpos de los jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que son considerados desaparecidos. Otra persona indicó que algunos de los jóvenes reportados como desaparecidos por sus amigos o familiares fueron llevados a Guacarí, en Buga, a 45 minutos de Cali, donde supuestamente fueron "ejecutados".
Algunos de los supervivientes de las ejecuciones fueron encontrados con heridas de bala en los hospitales y ahora están aterrorizados y escondidos. Hoy, 23 de mayo, se ha conocido una versión más precisa de las operaciones de los grupos civiles armados protegidos por la policía. Al parecer, se ha instalado una "Casa de Pique" (casa de tortura y desmembramiento) en el lujoso barrio de Ciudad Jardín de Cali. (...) La dinámica de la represión se ha sofisticado cada vez más a lo largo de estos casi 25 días, con la pretensión cada vez mayor de evitar la identificación de la responsabilidad policial en operaciones de carácter paramilitar y evidentemente criminal. Ante la falta de garantías, pedimos que los órganos de investigación y protección del Estado, y en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollen sus actividades a partir de las primeras informaciones públicas.
Dada la evidente falta de imparcialidad del Ministerio Público en el contexto de la huelga nacional, es urgente una investigación especial para verificar las acciones de investigación. (...) A partir de la síntesis de estos relatos, que aportan elementos razonables de sofisticados planes criminales que involucran a la Policía Nacional, y teniendo en cuenta la forma en que han operado las fuerzas regulares desde el 28 de abril hasta hoy, y las expresiones militares del General Zapateiro, presentamos un "Informe Histórico Público" basado en la información recibida. (...) Reiteramos que a partir de este "Informe Histórico Público", el Estado colombiano debe iniciar una exploración técnica con expertos forenses del Instituto de Medicina Legal y de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas, con la participación de observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, y debe adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que puedan asegurar un proceso investigativo independiente y efectivo para confirmar o refutar los relatos de los testigos de esta situación " (Lea AQUÍ)
El informe de las tres ONGs aporta, según los cruces realizados por la Universidad del Valle del Cauca, una lista con los nombres de 120 jóvenes "desaparecidos" y probablemente ejecutados en las terribles condiciones mencionadas.
Entonces, señor Duque, "nada que ocultar", ¿en serio?
Durante una manifestación en Bogotá, 19/05/2021.
En un artículo bien documentado (en español), ampliamente citado a continuación, el sitio web de la Deutsche Welle aborda la cuestión de los "desaparecidos": "Las desapariciones son un crimen contra la humanidad, propio de una dictadura y no de una democracia. El paro nacional en Colombia cumple un mes desde el 28 de mayo, pero hasta ahora el gobierno de Iván Duque no ha logrado tender un puente de entendimiento, ni con los representantes de las manifestaciones, ni con la sociedad civil, ni con la comunidad internacional. Las diferencias se reflejan incluso en el número de desaparecidos, una de las mayores preocupaciones dentro y fuera del país. (...) Mientras la Fiscalía General de la Nación anuncia que "las autoridades siguen buscando a 129 personas desaparecidas durante las manifestaciones de las últimas semanas", la ONG Indepaz dice haber logrado consolidar "una lista de 346 nombres de personas desaparecidas directamente con nuestra entidad". El 26 de mayo, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo a WOLA en Washington que sólo se había denunciado oficialmente la desaparición de una persona en Colombia en relación con el paro nacional, y que no estaba claro si los demás debían ser clasificados como desaparecidos. (…)
Las desapariciones son un crimen contra la humanidad, propio de una dictadura y no de una democracia. Colombia da la voz de alarma, no sólo por la violencia policial, sino también por la incongruencia de las cifras. ¿Qué está pasando?"
El paro nacional en Colombia cumple un mes, el 28 de mayo, pero hasta ahora el gobierno de Iván Duque no ha sido capaz de tender un puente de entendimiento, ni con los representantes de las protestas, ni con la sociedad civil, ni con la comunidad internacional. Las diferencias se reflejan incluso en el número de desaparecidos, una de las mayores preocupaciones dentro y fuera del país. (...) ¿Por qué hay diferencias tan grandes en el número de desaparecidos en el contexto de las protestas? "Creo que el problema entre las cifras oficiales y las recogidas por otras entidades puede estar, entre otras cosas, en la tardanza de la Defensoría del Pueblo en tomar cartas en el asunto, ya que los mecanismos de vigilancia y control han tardado en empezar a verificar los diferentes casos de violencia", dice a DW el antropólogo Sebastián Lanz, codirector de la ONG Temblores.
Si no hay cifras oficiales fiables, ¿es porque las entidades estatales no están interesadas en recopilarlas? "El gobierno colombiano ha puesto al frente de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría a personas que no están interesadas en cumplir la misión de las entidades que dirigen", dice Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de WOLA, de la Oficina de Washington para América Latina, que está profundamente impresionado por "la falta de empatía del partido en el poder, el Centro Democrático, hacia los manifestantes, la falta de interés en responder a las necesidades básicas que reclaman y el país irreal en el que aparentemente viven". Básicamente, entre el Estado colombiano y las ONG, las cifras de los "desaparecidos" no coinciden porque el Estado no hace nada por buscarlos.
¿Qué dice la comunidad internacional? Estados Unidos está cada vez más nervioso y preocupado por la conducta de su antiguo "estudiante modelo" en Sudamérica. El congresista republicano Jim McGovern dice estar "alarmado" por las denuncias de desaparecidos y pide a Duque que "cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y dé cuenta de las denuncias de asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante las protestas." 55 miembros del Congreso de EE.UU. instan al Departamento de Estado a "denunciar claramente y sin ambigüedades la brutalidad policial en Colombia". En una carta abierta, los congresistas piden incluso "la suspensión de la ayuda directa a la policía colombiana como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos". El sindicato UNI Global Union, que representa a 20 millones de trabajadores en varios países, pidió en Twitter a la administración de Biden que "defienda los derechos humanos y la democracia en Colombia". Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, "animó" a las autoridades colombianas en una rueda de prensa "a localizar a los desaparecidos lo antes posible". El gobierno de Iván Duque sigue negando la existencia de un uso excesivo de la fuerza policial, pero anunció el 11 de mayo que se habían abierto "65 expedientes disciplinarios, 8 de ellos por homicidio contra policías".
La creciente preocupación del Congreso estadounidense por las violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno de Iván Duque se debe, según Gimena Sánchez-Garzoli, "en primer lugar, al hecho de que Estados Unidos ha apoyado, cofinanciado y entrenado a las fuerzas de seguridad colombianas durante más de 20 años ; En segundo lugar, porque las armas y municiones de empresas privadas estadounidenses están siendo mal utilizadas en Colombia, y en tercer lugar, porque Estados Unidos apoyó la implementación del Acuerdo de Paz, que preveía el desmantelamiento de los grupos criminales del narcotráfico y la reducción de las desigualdades, compromisos que no se han cumplido y que son las causas determinantes que han llevado a la crisis actual, mucho antes de la pandemia.
A nivel internacional, Gimena Sánchez, de WOLA, pidió a los parlamentos y gobiernos de los países que prestan ayuda a Colombia que exijan el cumplimiento de los compromisos. Hasta la fecha, sólo una veintena de parlamentarios italianos han enviado una carta a la Presidencia colombiana expresando su preocupación por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el marco del paro nacional. Pidieron al Presidente colombiano que cumpliera los acuerdos establecidos con la Comunidad Europea. En una entrevista con la revistaSemana, Doriana Sarli (ex Movimiento 5 Estrellas), promotora de la iniciativa, dijo que no le interesa inmiscuirse en los asuntos internos de otro país, pero que cuando se violan los derechos humanos es necesario alzar una voz de protesta: "En esta carta pedimos al Presidente que tome todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia desproporcionada, que verifique las responsabilidades de las fuerzas armadas y que lleve a los culpables ante la justicia. Asimismo, pedimos que se apliquen las normas internacionales para la intervención de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, respetando los principios de legalidad, prudencia, moderación y oportunidad, con el fin de garantizar el derecho a la manifestación pacífica y establecer un verdadero diálogo con los interlocutores sociales, especialmente con los jóvenes que quieren hacer oír su voz por el futuro de su país", explicó Doriana Sarli.
¿En Francia? Todavía no hay nada. El "país de los derechos humanos" se caracteriza por su ensordecedor silencio. Peor aún, Francia sigue apoyando política y militarmente al gobierno colombiano. A principios de semana se presentará una denuncia contra el Presidente de la República, el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores por complicidad en crímenes contra la humanidad.
Sigue habiendo solidaridad internacional. La ONG Ciudadanos del Mundo acaba de publicar un importante comunicado "en solidaridad con el pueblo colombiano que se moviliza en todo el país contra las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno de Iván Duque". En este "Comunicado a la Opinión Pública", pensadores, mujeres, líderes sociales, alcaldes, concejales, diputados, dirigentes políticos y líderes culturales condenan en los términos más enérgicos la brutal represión contra los manifestantes y la violación de los derechos humanos que hoy vive este pueblo hermano. La declaración también destaca el apoyo de la Casa Blanca al gobierno colombiano y exige el cese del apoyo militar estadounidense al país sudamericano. Los más de 100 firmantes, procedentes de distintos países de América del Norte, América del Sur, América Central y Europa, afirmaron que la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia está creando un clima de mayor violencia. Los firmantes del comunicado destacan que "somos amantes de la paz y la justicia social, por lo que consideramos que la militarización de Colombia sólo contribuye a agravar la situación de violencia que ya vive el país".
Jean-Marc Adolphe, para las humanidades, 29/05/2021
CONTINUARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS:
La película completa de la terrible jornada del 28 de mayo, especialmente en Cali, ahora militarizada.
¿De qué y de quién es el nombre de Iván Duque?
¿Qué futuro político para la Colombia post-uribista?
... e información adicional, testimonios y entrevistas, portafolios.