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¿La paz sigue estando lejos? (Las venas abiertas de Colombia / 02)


Familia Yukpa en la Serranía de Perijá. Foto Juan Pablo Gutiérrez - ONIC


Los desplazamientos forzados continúan, como ocurre actualmente en el departamento del Chocó, en una región envenenada por las explotaciones mineras. Frente a una política genocida que no dice su nombre, y que se aprovecha de la complicidad del Estado colombiano, el pueblo yupka del norte del país, declarado "en peligro de exterminio físico y cultural", libra una batalla jurídica sin precedentes para obtener la restitución de más de 50.000 hectáreas de tierra.


Cinco años después del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc (el 12 de noviembre de 2016 en La Habana), que supuestamente pondría fin al conflicto armado, este continúa e incluso ha aumentado su intensidad en los últimos meses. Aunque los combatientes de las Farc se han desarmado, siguen existiendo grupos guerrilleros disidentes, principalmente agrupados en el ELN, pero también (y sobre todo) numerosos grupos paramilitares, con el telón de fondo del narcotráfico, la minería y los cultivos intensivos (especialmente de aceite de palma).

Al igual que los asesinatos de líderes sociales o ambientales (cuyos autores generalmente nunca son encontrados), el desplazamiento forzado de poblaciones es el aspecto más llamativo de una política de terror que afecta principalmente a las poblaciones campesinas y a las comunidades indígenas o afrocolombianas.

Después de las regiones de Ituango y Nariño (leer AQUÍ), se ha registrado un nuevo desplazamiento forzado en el departamento del Chocó. En una región situada en el sur del departamento, cerca del Valle, un millar de personas ya han abandonado sus hogares, dijo ayer (18 de agosto) el Defensor del Pueblo. El alcalde de una de las localidades afectadas habla de más de 1.600 personas, y el éxodo no ha terminado. La ofensiva comenzó hace una semana, cuando un grupo paramilitar inició una campaña de intimidación y provocó un combate armado con un remanente de la guerrilla disidente, sin que las autoridades estatales reaccionaran.

Entre los abusos cometidos por estos grupos armados, un representante de una asociación de derechos humanos menciona varios casos de violación de niñas de comunidades indígenas. La angustia psicológica causada por este clima de terror podría explicar un número anormalmente alto de suicidios de jóvenes, incluidos menores de edad (22 desde principios de año) en estas mismas comunidades indígenas.


Desplazamiento forzado en el Chocó


En el noroeste del país, el Chocó, fronterizo con Panamá al norte, es el único departamento colombiano con costas en los océanos Atlántico y Pacífico. Pero la región afectada por este último desplazamiento forzoso está mucho más al sur, bordeando el Valle del Cauca. Se trata de un extenso departamento de más de 46.000 km2 , escasamente poblado: algo menos de 400.000 habitantes, es decir, 8,3 habitantes/km2.

En el siglo XVI, los españoles importaron un gran número de esclavos africanos para trabajar en las minas de oro. Esta historia colonial convierte al Chocó en el departamento colombiano con mayor población afrocolombiana (82,1%). Las comunidades indígenas, principalmente emberá y wounaan, representan el 12,7% de la población.

La excepcional biodiversidad de la que goza el Chocó está gravemente amenazada por la contaminación por mercurio y cianuro, resultado de décadas de explotación minera, como informó en abril de 2020 Anne Proenza en Libération. Cada año se vierten 200 toneladas de mercurio al suelo y a los ríos, y sólo el 2% de las actividades mineras que se desarrollan poseen una licencia ambiental. También en este caso, el Estado lo permite. En 2013 se aprobó una "Ley del Mercurio". Apenas se aplica. (Ver AQUI). En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato, uno de los principales ríos de Colombia, que recorre 750 km por el Chocó antes de desembocar en el Mar Caribe, como una entidad sujeta de derechos ambientales, que teóricamente le otorga derechos de protección, restauración, mantenimiento y conservación. Todavía no es suficiente para impresionar a los sepultureros de la naturaleza. Como señala la Fundación Stop Ecocide, "actualmente no existe un marco legal para tratar el ecocidio a nivel internacional y, por tanto, no hay un sistema para responsabilizar a los responsables de las empresas y los gobiernos por los daños y abusos medioambientales (...) La inclusión del ecocidio en el derecho internacional permitiría juzgar a los autores ante la Corte Penal Internacional o cualquier jurisdicción que haya ratificado la Convención.” Pero la naturaleza, hay que recordarlo, también está habitada. ¿Por qué dudar en decir que las expropiaciones, las persecuciones, las violaciones, los asesinatos, los desplazamientos forzados, de los que las comunidades indígenas y afrocolombianas son las principales víctimas en Colombia, son una forma de genocidio? El genocidio es "un crimen que consiste en la eliminación concreta e intencionada, total o parcial, de un grupo nacional, étnico o religioso, como tal, lo que significa que los miembros del grupo son asesinados, quebrados mental y físicamente, o incapacitados para procrear, con el fin de dificultar o imposibilitar la vida del grupo así reducido". Por supuesto, se podría argumentar que los pueblos indígenas de Colombia no son perseguidos como tales. Pero de hecho lo son. Porque la relación con la naturaleza y sus ecosistemas forma parte de la cultura profunda de estos pueblos (hasta el punto de que ciertos territorios se consideran "sagrados"). Expulsarlos de sus tierras, saquear y envenenar a esas tierras, contribuye por tanto a una política de exterminio, aunque no diga su nombre.


VÍDEO : "Río tóxico: minería, mercurio y asesinatos continúan afectando al río Atrato en Colombia", vídeo producido por Mongabay Latam, agencia independiente de periodismo ambiental en América Latina


Con una pizca de corrupción.

En el caso del Chocó, el cuadro no estaría completo sin una pizca de corrupción, otro ingrediente inevitable de la política colombiana. El gobernador de este departamento, Ariel Palacios, fue elegido en octubre de 2019 bajo la bandera del Partido Liberal. Unos meses después, ya estaba implicado en un caso de malversación de fondos al principio de la pandemia. Mientras los hospitales de su región pedían ayudas de emergencia, él asignó, desafiando todas las normas habituales, una subvención de 580.000 dólares a una oscura fundación, supuestamente para realizar acciones de prevención contra el Covid y desplegar "ciclos educativos" en las comunidades afro, indígenas y gitanas del Chocó, así como planes de comunicación y difusión... de los que las poblaciones afectadas nunca han visto el color. Por estos presuntos actos de corrupción, el gobernador del Chocó fue suspendido brevemente de su cargo por la Procuraduría en abril de 2020. Tres meses más tarde, fue reincorporado. Los hechos, ampliamente documentados por la prensa, no parecen muy complicados de establecer. Pero oficialmente, la investigación continúa: el caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de marzo.

Al elegir a Ariel Palacios, los habitantes del Chocó pensaron que se librarían de los clanes mafiosos que habían dirigido su región durante décadas. Era como perseguir un mal por otro. Como escribió Marco Aurelio García Pedraza en abril de 2020 en la web de Las DosOrillas: " Todos, absolutamente todos, en los últimos treinta años, han contribuido a que el departamento no crezca. De hecho, lo único que han conseguido es acabar con lo poco que había. Vendieron el Hotel Citara, la Fábrica de Licores, parte del antiguo Teatro César Conto, la Lotería, las Empresas Públicas de Quibdó y la Electrificadora del Chocó ". Con todo eso, Chocó es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza de Colombia: 63,55%, frente al 42% del conjunto del país.

En Colombia, la corrupción es endémica de todos modos. Al mismo tiempo que Ariel Palacios, una docena de otros gobernadores estaban igualmente implicados en casos relacionados con la gestión de la pandemia. Para el presidente Iván Duque, sin embargo, la corrupción no es un tema prioritario. Durante un debate en el Congreso en diciembre de 2017, cuando estaba aún elegido del Centro Democrático, desvió la atención hacia lo que calificó como "la peor corrupción", por parte de aquellos (con lo que se refería a la guerrilla) que "reclutan niños" (VIDEO AQUÍ). Desde que fue elegido en 2018, solo se han presentado tres proyectos de ley menores contra la corrupción. Otros seis proyectos de ley más ambiciosos han sido rechazados. Hay que decir que el propio Iván Duque es sospechoso de financiación ilegal de su campaña electoral y de compra de votos...


La lucha del pueblo Yukpa por la restitución de sus tierras.


Comunidad Yukpa en la Serranía del Perijá. Foto Juan Arredondo


Es un acto sin precedentes. El pasado 18 de agosto, hartos de la dilación de la Unidad de Restitución de Tierras (organismo creado como parte del acuerdo de paz en 2016), el pueblo Yukpa decidió llevar su caso al Tribunal Especial para la Paz con el fin de obtener la restitución de más de 55.000 hectáreas de tierra de las que fueron despojados, en la Serranía del Perijá, la rama más septentrional de la cordillera de los Andes, en el norte del país. El pueblo yupka ha decidido presentar una demanda ante la Jurisdicción Especial para la Paz para obtener la restitución de más de 50.000 hectáreas de tierras despojadas en la Serranía del Perijá, la rama más septentrional de la cordillera de los Andes, en la frontera entre Colombia y Venezuela (los Yupkas están divididos principalmente entre estos dos países).

Privados de sus tierras ancestrales, los Yukpa, esencialmente agricultores seminómadas e itinerantes, están condenados a una peligrosa precariedad. Los casos de mortalidad infantil, debidos a la malnutrición y la contaminación, se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, el problema no es nuevo. A pesar de un decreto del Ministerio de Agricultura de 1995 que debía proteger las reservas forestales, y de otro decreto presidencial de 1996 que reconocía al pueblo Yukpa como amenazado, junto con otros seis pueblos indígenas de Colombia, "más de 10.000 hectáreas han sido entregadas a la minería, que ha secado los ríos y ha matado a nuestros hijos", dicen los representantes de la comunidad Yukpa. También se han asignado 30.000 hectáreas a las multinacionales que extraen carbón e hidrocarburos, entre ellas la empresa estadounidense Drummond, especializada en la explotación de gas de esquisto mediante facturación hidráulica. Por no hablar de los productores de aceite de palma, que han desviado todo un río para regar sus plantaciones.

En 2009, le tocó a la Corte Constitucional (el máximo órgano jurídico de Colombia) declarar que el pueblo yupka estaba "en peligro de exterminio físico y cultural". A pesar de estas repetidas advertencias, el gobierno colombiano ha permitido deliberadamente que la situación se agrave.

Sin embargo, los yukpas ya han ganado varias batallas legales importantes. En marzo de 2020, el Consejo de Estado validó una decisión del tribunal administrativo del departamento de César de suspender un importante proyecto minero, para gran disgusto de las multinacionales que estaban detrás. En su defensa, las multinacionales habían esgrimido un argumento bastante picante: afirmaban haber recibido garantías del Ministerio del Interior de que los territorios en cuestión estaban libres de población. ¿¿¿ Tal vez desconocían el desplazamiento forzado de los yukpas y otras comunidades indígenas en Colombia ???


Justicia contra el Estado y sus organismos corruptos.

Si el Tribunal Especial para la Paz fallara a favor del pueblo Yukpa y ordenara la restitución de sus tierras, sería una decisión histórica, que podría tener un efecto dominó y animar a otras comunidades indígenas a hacer valer sus derechos de forma similar. (Para que conste, la restitución de las tierras saqueadas, consagrada en el acuerdo de paz de 2016, avanza a paso de tortuga: de los 6,5 millones de hectáreas de tierra saqueadas durante el "conflicto armado", hasta la fecha se han devuelto menos de 400.000 hectáreas).


Jean-Marc Adolphe, 19 de agosto de 2021.


Posdata: “Para nosotros los yukpa el derecho colectivo al territorio no solo distingue un espacio físico o geográico determinado, una porción de tierra en sí, sino que va mucho más allá y comprende la multiplicación o manifestación de la vida cultural asociada a ese espacio. Nuestra vida cultural se expresa a través de distintas pautas culturales ligadas con formas de uso de la tierra y sus recursos, lazos ceremoniales y espirituales y múltiples maneras de ser y concebir el habitar y el mundo.” (Consejo Indígena Yukpa, 2015) (Leer AQUÍ)


VIDEO "Tus Tierras Tus Derechos", video realizado por la Unidad de Restitución de Tierras en 2017, durante el mandato del Presidente Santos.


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